La Universidad de Harvard presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump por los recortes de fondos federales que calificó como “ilegales” y como un ataque directo a la libertad académica. La institución argumenta que estas medidas violan la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La querella de Harvard señala que el intento del gobierno republicano de coaccionar y controlar a las universidades privadas pasa por alto los principios de autonomía educativa:
“Ningún gobierno debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y qué áreas de investigación pueden seguir”, destaca el documento.
La administración de Trump anunció la congelación de 2,200 millones de dólares en subvenciones y la retirada de exenciones fiscales a Harvard, tras acusar a la universidad de no implementar de manera adecuada medidas contra el antisemitismo y por negarse a desmantelar políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
El rector de Harvard, Alan Garber, afirmó en una carta reciente dirigida a estudiantes y personal que la universidad “no renunciará a su independencia ni a los derechos garantizados por la Constitución”. Garber subrayó que la presión política no afectará el compromiso de Harvard con la libertad de expresión y la autonomía universitaria.
El conflicto se enmarca en un contexto nacional donde diversas universidades han sido escenario de protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza, un tema que ha aumentado las tensiones entre las instituciones académicas y la administración de Donald Trump.
